Los medicamentos constituyen las tecnologías sanitarias más usadas para mejorar la salud de la población y su utilización ha incrementado de forma importante la cantidad y calidad de vida de la población. Ayudan a paliar, tratar e incluso prevenir la mayoría de las enfermedades. No obstante, este creciente uso de medicamentos genera problemas de sostenibilidad en los sistemas sanitarios (aumento de los gastos sanitarios) e inequidad (incrementando las brechas en salud entre ricos y pobres) en el sector y en la sociedad. 

Para garantizar el derecho a la salud de la población, es necesario contar con un sistema de acceso universal, mejorando la salud y la calidad de vida de la población, mediante el acceso equitativo a los servicios y a medicamentos esenciales, eficaces, seguros y de calidad; prevaleciendo los intereses de la población sobre los particulares, para lo cual es necesario reforzar la gobernanza del Estado con Políticas que promuevan el acceso equitativo, uso racional y seguro de los medicamentos, así como la eficiencia del gasto. 

Desde la primera Reunión de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA) 1971, consideraba que el alto costo de los medicamentos constituía un grave problema en el desarrollo de los programas de salud. 

" Por lo que se resuelve:

Incrementar la capacidad de producción farmacéutica nacional o multinacional de productos biológicos y alimentos. 

Establecer canales de colaboración entre países para el intercambio de tecnología y abastecimiento. 

Estudiar la posibilidad de adquisiciones conjuntas para asegurar las mejores condiciones de calidad y precio."

“El medicamento como bien social”

Si bien en su fase de producción y comercio el medicamento podría ser considerado un bien privado, en su acceso y uso de parte de la población, el medicamento es a todos los efectos un bien público ya que, conectado a la noción de derecho a la salud y a la vida, permite realizar los cuidados médicos y proteger o recuperar la salud.

Los países de la región andina enfrentamos una creciente presión sobre los presupuestos de salud debido a una mezcla de variables tales como una prevalencia creciente de enfermedades de ato costo, el envejecimiento de su población, el compromiso de avanzar hacia la cobertura universal en salud, las expectativas cada vez mayores de su población, la aparición de nuevas tecnologías en salud y lo más importante, la emergencia del Covid 19 que ha colocado a los medicamentos y dispositivos como una necesidad que debe resolverse a corto plazo.

La mayoría de países de altos ingresos han puesto en marcha mecanismos específicos de control y regulación de precios de las medicinas (informe de la OCDE). 

América Latina ha seguido esta tendencia y muchos países han adoptado políticas públicas para influir en los precios de los medicamentos que compran ya sea a través de la regulación directa de los precios o del uso de alguna forma de mecanismos consolidados de adquisición y negociación.

Sabemos que la industria farmacéutica se caracteriza por tres condiciones importantes: (i) El alto gasto en Investigación y Desarrollo y, por ende, en la generación de las barreras legales –como son las patentes–, (ii) El alto gasto en publicidad; y, (iii) La alta concentración de mercados a nivel mundial: tanto a nivel geográfico como por empresas. 

El precio de un producto se sitúa entre dos extremos: por un lado, el coste de producción y por otro lado, el precio más alto que esté dispuesto a pagar un consumidor, lo que se denomina precio por el “valor” del producto. Los consumidores (en este caso los pacientes y los sistemas de salud) quieren el primer precio, más bajo; las empresas productoras quieren el segundo, más alto. Este es el dilema.

En un mercado libre, si el fabricante fija el precio más alto, poco a poco la competencia hará que el precio tienda a acercarse al coste de producción (como ocurre con los medicamentos genéricos y biosimilares), pero la concesión de patentes impide la competencia.

Conformación del Comité Andino de Acceso a Medicamentos

En el año 2004, con la Resolución REMSAA XXIV/396, se instaló la Comisión Técnica Subregional para la política de Acceso a Medicamentos, conformada por los profesionales técnicos de los Ministerios de Salud y la Protección Social de los 6 países miembros. 

Actualmente se denomina Comité Andino de Acceso a medicamentos, y está conformado por representantes oficiales del área de medicamentos de los ministerios de salud de los 6 países andinos.